Un grupo de dirigentes políticos e intelectuales kirchneristas presentaron formalmente ante el Congreso este lunes el primer pedido para que se someta a Javier Milei a juicio político. El grupo de firmas K le endilga “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos” al Presidente.

A través de un escrito le solicitaron al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso.

El documento lleva la firma de personalidades de notoria afinidad con el kirchnerismo. Entre ellos, el dirigente de derechos humanos y ganador del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la dirigente de Soberanxs y ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; el polémico ex juez Carlos Rozanski; la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista y ex funcionario del Banco Central Claudio Lozano; el sociólogo Jorge Elbaum.

En diálogo con Radio Sudamericana el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, dijo “se arranca con el mal desempeño proveniente de la pretensión de imponer este Decreto de Necesidad y Urgencia el 30/2023 es el que ha provocado el trastoque y deterioro abismal de las condiciones de vida del pueblo argentino por los incrementos en alimentos, medicamentos, tarifas, servicios en función de esta apelación a la libertad de mercado”.

“Además carece de todos los requisitos de lo que llamamos la validez en el derecho, es decir, no emana de un órgano competente para estar disposiciones legislativas, no se siguió el procedimiento adecuado es decir que indica la normativa. tampoco se cumplió con la ley de procedimiento administrativo que regula todo acto del poder político administrador y es también nulo de nulidad absoluta insanable de acuerdo con la disposición del Código Civil y Comercial de la Nación y acá tenemos que hacer una aclaración muy necesaria, no se trata de la misma figura decir derogar que decir anular, derogar  se droga lo que es válido, lo que es nulo de nacimiento de origen cómo es esto por incompetencia del órgano y por quebrar el procedimiento reglado de la Constitución Nacional y esto debe ser declarado nulo en nulidad absoluta y el efecto es muy distinto al de la derogación conforme la derogación lo que transcurrió entre que se impuso la norma y se la válido, es un derecho adquirido”.

“Inversamente aquello que es nulo en realidad absoluta insanable, nunca puede ser confirmado por decisión alguna posterior por lo que se retrotrae la situación al momento previo al de la producción del acto nulo, que sería en este caso, el 20 de diciembre del 2023 y quién carga con los platos rotos. Los platos rotos en primera instancia lo va a tener que absorber el Estado por el principio de continuidad jurídica y presunción de validez de sus actos y después resarcirse de aquellos que como autores o partícipes hayan tenido intervención en la producción del acto nulo”, explicó el letrado.

Asimismo agregó “exigirle al Estado que los costos políticos económicos que resultan de esa declaración de nulidad más allá de que los tenga que afrontar por el principio de continuidad jurídica de los estados,  lo va a tener que sufragar los autores de la grosería inconstitucional. Este es el panorama, este es el primer capítulo del pedido de juicio político contra el presidente Miley y aquellos que han participado en la producción de la acto, específicamente lo que lo refrendaron su gabinete de ministros encabezado por el Jefe de Gabinete”.

“Este capítulo es seguido por el examen del genocidio económico que ha provocado esta imposición, la formulación que nosotros empleamos en el distrito es el genocidio silencioso, en nuestro medio el doctor Zafaroni  lo ha calificado como el genocidio por goteo me gusta más que los sitios silencioso del hambre sin desconocer la valía de la Corte de Zafaroni”, relató

Según el comunicado difundido, los dirigentes K pretenden que se investigue al jefe de Estado y además se proceda a hacer lo mismo con otros funcionarios por posibles delitos que el texto menciona. “Instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen; el delito de abandono de personas”, enumeran.

Además, le achacan “incumplimiento de deberes de funcionario público” al Presidente por una lista larga de reproches a su gestión y las presuntas consecuencias que le adjudican a las mismas. En ese orden, mencionan “el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre” que -sostiene- se llevó a cabo “poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios”.

Enlistan también “el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial”.