Fuentes judiciales confirmaron que los delitos que se les imputa a las personas detenidas son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, estos últimos agravados por ser funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Tal como se publicó desde el diario El Litoral, en las primeras horas del viernes un grupo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, en su función de auxiliar de la Justicia, concretó sendos allanamientos en Corrientes y en Santa Ana, incluidas la Dirección General de Catastro, el Registro de la Propiedad Inmueble y tres domicilios particulares.
El fiscal de Instrucción N° 6 de Capital, Gustavo Roubineau, había solicitado a la jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas, los allanamientos y las posteriores detenciones, en el marco de la causa “Báez Gladys Dionisia y otros p/sup. asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros”.
La investigación derivó en la detención de siete personas que revisten calidad de imputados por una investigación que se viene desarrollando desde el año 2021 y que tiene por objeto indagar en una serie de defraudaciones cometidas contra una importante cantidad de inmuebles ubicados en territorio provincial que han sido despojados a sus legítimos dueños mediante escrituras públicas y otros documentos falsos, accionar que se atribuye a una organización o banda criminal integrada, entre otros, por escribanos, abogados y funcionarios públicos. La pesquisa de la Fiscalía de Instrucción Nº 6 detectó un “sinnúmero de defraudaciones y estafas, que analizadas en su conjunto, amenazan y ponen en riesgo la seguridad del sistema registral y catastral de esta provincia”, señala el dictamen fiscal.
“Hay 14 cuerpos, y hoy leímos una requisitoria que viene desmembrada de otras requisitorias de personas que fueron detenidas anteriormente. Hay dos o tres imputaciones puntuales, que tenemos que analizar”, aseguró el abogado Guillermo Escalante en declaraciones a Radio Sudamericana, quien defiende a Narciso Santín Toffoletti, director de Catastro, quien fue uno de los que se abstuvo de declarar.
Argumentó que “necesitamos profundizar el conocimiento sobre las demás causas que se están hablando de cuando comenzaron la investigación y no tuvimos acceso aun hoy”.
“Esperamos tener acceso a esta documentación la semana que viene y a partir de esto poder ampliar la indagatoria”, señaló el defensor.
(WA)
El Litoral
